El 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia en el que comenzó a trabajar en el mes de febrero el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.
Dicho plan consiste en la especialización de 54 Juzgados de primera instancia, uno por provincia en la Península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear. Estos Juzgados especializados conocen desde entonces, de manera exclusiva y no excluyente, los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias el prestatario sea de persona física. Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. La fecha de entrada en vigor de la especialización -1 de junio- coincide con la conclusión de los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, para que las entidades de crédito adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad llegaran a un acuerdo o se tuviera por concluido el procedimiento extrajudicial.
El número de demandas presentadas durante el mes de junio en los Juzgados de primera instancia especializados en todo el estado ha sido de 15.801, lo que evidentemente ha provocado un importante colapso en dichos juzgados. El juzgado que encabeza la lista como el que más demandas se han presentado durante el mes de junio ha sido el de la provincia de Madrid con 2.803 demandas; en segundo lugar, el de Barcelona, con 1.033 demandas, y en tercer lugar, el de Valencia, con 834 demandas.
El colapso de los Juzgados especializados ya estaba previsto por diversos expertos e instituciones. La Abogacía Catalana había ido alertando antes de la iniciación del plan del colapso que provocaría la concentración en un único juzgado provincial de las demandas por cláusulas abusivas. El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana -Carlos McCragh- afirma que esta concentración de casos en un solo juzgado provincial puede provocar que haya afectados que no demanden por los costes que implica presentar un pleito en la capital de la provincia, además, obviamente, de colapsar el sistema. Asimismo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de crear estos juzgados especializados reclamando que se tomen «medidas urgentes» ante esta situación y se destinen medios para evitar el colapso de la justicia y el «perjuicio» para los consumidores afectados que acudan a los tribunales para reclamar la devolución de las cantidades pagadas en concepto de cláusulas suelo.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial declaró el día 3 de julio en un comunicado que se siguen manteniendo reuniones de coordinación con los presidentes de los tribunales superiores de justicia, jueces decanos y administraciones para diseñar posibles medidas de refuerzo que podrían aplicar -se el mes de septiembre.
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