Autor: Ana Huguet Canalís

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha dictado una sentencia estimando la demanda presentada por tres veterinarios de una clínica. La sentencia condena a un excliente a pagar una indemnización de casi 35.000 euros por haber orquestado una campaña de desprestigio profesional en redes sociales que tuvo como consecuencia una disminución de ingresos económicos.

También se condena a que “cese en la intromisión ilegítima del derecho al honor de los demandantes”, así como a que “de las instrucciones precisas y, en su caso, la autorización a Google a retirar las afirmaciones con contenidos injuriosos, calumniosos y amenazantes” proferidas por el demandado, sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en la página web de la clínica”..

El autor de los hechos ya había sido condenado en vía penal por un delito leve de amenazas contra los veterinarios, dado que había comparecido en la clínica veterinaria, tras haberla visitado con su perro, reclamando la hoja de reclamaciones y la devolución de los 55 euros pagados por un diagnóstico erróneo. Al negarle la devolución del dinero manifestó: “Os vais a enterar, os voy a hundir, os voy a machacar en las redes sociales.” Como consecuencia de ello apareció una reseña negativa en la página web Google My Business sobre dicha clínica, continuando, días después, más reseñas negativas por parte de familiares, amigos y compañeros de trabajo del condenado.

En la sentencia manifiesta: “En los meses posteriores de proferir la amenaza, se publicaron 33 opiniones muy negativas de la clínica veterinaria de los actores, cuando la media normal de publicaciones es de unas cinco reseñas mensuales.” Para el juez la campaña está dirigida exclusivamente a “afectar negativamente a su prestigio profesional público, tanto en el aspecto de la propia estimación personal como en el de la consideración ajena, constituyendo una extralimitación del derecho de libertad de expresión”..

Como consecuencia de lo anterior se ocasionaron unas pérdidas económicas de 38.773 euros a la clínica. La sentencia crea un precedente muy interesante para este tipo de campañas de desprestigio profesional.AD

Visto el panorama actual, en el caso de que usted se halle en una situación similar, le aconsejamos que ponga su caso en manos de un abogado que pueda informarle y defender sus derechos adecuadamente.